Quito, 14 abr (Prensa Latina) El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) denunció hoy que la Fiscalía General revisará el celular del exvicepresidente Jorge Glas, pese a su arbitraria detención el pasado 5 de abril en esta capital.
Buscan crear un nuevo «escándalo» antes de la consulta del 21 de abril. A estar preparados y no olvidar los que inventaron en anteriores elecciones, dijo el exmandatario a través de la red social X.
Este viernes, el tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador que analizó el habeas corpus del exvicepresidente Glas determinó que su detención en la embajada de México fue arbitraria e ilegal, no obstante continuará preso.
En el fallo, el tribunal encabezado por la jueza Mónica Heredia señaló que la aprehensión de Glas en la sede diplomática se dio sin una orden de allanamiento, por lo que es una detención ilícita, que no se justifica por el decreto de conflicto armado interno.
«Es arbitraria», subrayó la magistrada, quien inmediatamente precisó que aún así no saldría de la cárcel debido a que sobre él pesan dos sentencias en firme.
El exfuncionario, que se encuentra en huelga de hambre y compareció en la sesión conectado vía telemática desde la prisión, solicitó al tribunal que le regresen su calidad de asilado, mientras representantes del Gobierno se pronunciaron contra esa posibilidad por las sentencias en su contra.
Glas, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o «lawfare» en Ecuador, recibió de forma temporal el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos; sin embargo, la medida fue revocada.
En diciembre de 2023, ante lo que consideró una nueva arremetida judicial, buscó refugio en la embajada mexicana, donde estuvo hasta que recibió el asilo y fue capturado por las fuerzas del orden hace una semana.
A inicios de este año, la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.